El programa de Ciudadanos para Navarra

El pasado día 20 de marzo tuve la ocasión de escuchar en “Diálogos en Pamplona” al líder del partido Ciudadanos en Navarra Carlos Pérez-Nievas, acto que coincidió con el interés mediático despertado por algunas encuestas que les dan acceso al Parlamento de Navarra. He de reconocer que acudí con grandes reticencias sobre lo que iba a escuchar, dada la larga historia de proclamas de ese partido contra el autogobierno de origen foral de Navarra. Si a ello se le suma la impresión que tengo de que dicho partido ha sido promocionado desde determinado centros mediáticos y de poder como recambio limpio y modernizado de la derecha política del régimen partitocrático a la que ya le pesan mucho sus años en el poder se pueden entender esas reticencias.

Sin embargo, dadas las bajas expectativas con las que acudí al encuentro, la impresión final fue de cierto alivio, aunque, como intentaré explicar más adelante, su programa no tiene el menor resquicio para aquellos que intentan conciliar el origen foral de nuestras instituciones con el Estado constitucional.

La exposición de la trayectoria vital del futuro candidato (por ahora a obtener un asiento en el edificio del Paseo Sarasate) la hizo con solvencia, al explicar que su paso por el CDN de Alli le llevó a eliminar de ese partido el apellido de nacionalista navarro. No obstante, no me aclaró cómo se puede pasar de militar en un partido centrado en las peculiaridades de Navarra a otro cuyo ideario se centra en un proyecto único para toda España. Quizás la explicación se deba a que Carlos Pérez-Nievas dio muestras de ese pragmatismo tan propio de nuestras gentes sin dar la sensación de pecar de puro oportunismo (pecado que cometen tantos políticos).

Fruto de ese pragmatismo fue la declaración de que sus manifestaciones públicas debían estar en consonancia con las directrices que le marcaban la líder del partido en Navarra y la disciplina a las directrices de la dirección nacional. Para un lector no avisado y acostumbrado a ver el espectáculo de la política española es difícil comprender la monstruosidad de esa afirmación, pues supone negar el vínculo entre los votantes y el candidato, ya que reconoce que sus actuaciones van a seguir las instrucciones que le marquen desde el partido, preferentemente las dictadas a cientos de kilómetros de aquí. Reconocimiento involuntario de que el régimen es una partitocracia y que las preferencias de los votantes de un territorio determinado son secundarias, lo cual supone la negación de la representación política y por ello de cualquier atisbo de libertad política.

Respecto a nuestro autogobierno foral, que en sus manifestaciones solo centró en el particular aspecto tributario, se escucharon las manidas frases de insolidaridad, por la supuesta baja aportación a las cargas generales del Estado. No voy a centrarme en este aspecto, que requeriría un pormenorizado análisis de los datos, y poner en cuestión determinados presupuestos del Convenio (por ejemplo, el IVA de las PYMES cuando venden fuera de Navarra o que la Volkswagen paga el Impuesto de Sociedades al Ministerio de Hacienda). A este respecto solo mencionar que la fuerza negociadora del Ministro de Hacienda es muy superior a la del Gobierno de Navarra y cuando oigo eso de insolidaridad me recuerda a cuando se negocia una hipoteca con el Banco y alguien me dice que he conseguido una hipoteca muy beneficiosa. Eso no se debe a mi habilidad como cliente bancario sino más bien a la estrategia del Banco. Así que creo que ese partido debería mirar más al Ministro de Hacienda, de cual es socio parlamentario, y evitar agraviar a los navarros con referencias subliminales a un cierto egoísmo y codicia.

No obstante, observé otro tono en el discurso del candidato, quizás debido a que se trataba de un navarro natural de la tierra, en el que no se ponía en cuestión el Convenio Económico como mecanismo de aportación a las cargas generales, sino únicamente en el cálculo de la aportación, lo que no deja de ser un avance en mi opinión.

Si me voy a centrar en lo que me resultó más llamativo, que fue el vislumbrar la idea central del ideario de Ciudadanos sobre el Estado y que, más allá de programas concretos con los que se presentan a las elecciones, manifiestan sus convicciones profundas que tarde o temprano afloraran en programas concretos. Al repasar la situación del Estado de las Autonomías, el candidato se centró en las diferencias que creaba la actuación de estas y las criticó como generadoras de desigualdad. Así que la solución radicaba en tener una normativa común y que las Autonomías, a la hora de aplicar esa normativa tuvieran capacidad de ajustar esa normativa ajustando el gasto en sus especialidades.

El problema surge cuando al poner nombre y apellidos a la autonomía que propugna Ciudadanos, nos encontramos con que a esa autonomía se le llama autonomía administrativa. Es decir, con una normativa común los órganos que aplican la legislación tienen autonomía para gastar dentro de sus prioridades dentro de los márgenes que permite la normativa común. Ciertamente eso es autonomía, pero no es la autonomía que consagra la Constitución vigente en su artículo 2º. La autonomía que diseña la Constitución de 1978 es un grado superior de autonomía que se llama autonomía política y que permite a las Autonomías, en las materias que señala la Constitución, tomar decisiones legislativas diferentes a las demás Autonomías. Advierto a los posibles críticos que en los sistemas con autonomía política la igualdad se predica de los derechos fundamentales. Pero si existe autonomía política, hay leyes diferentes, obligaciones ante el poder diferentes y, por tanto, no existe una norma común más allá de la Constitución y de los derechos fundamentales.

La primera conclusión a la que llego es que un partido que se denomina constitucionalista tiene serios reparos intelectuales con uno de los fundamentos de la vigente Constitución. No niego su carácter constitucionalista, pero, si se me permite la boutade, es tan constitucionalista como el PNV porque defienden la Constitución que a ellos les gusta.

La segunda conclusión es que, para alguien que rechaza en su fuero interno la autonomía política en España sobran las Autonomías, porque no tiene sentido una estructura tan complicada simplemente para poder incrementar determinadas partidas presupuestarias de gasto. Así que adiós a Parlamentos y Gobiernos autonómicos. Cómo me parecía una conclusión llamativa le pregunté en concreto por esto a Carlos Pérez-Nievas. Su respuesta, entiendo, no respondió a la pregunta, ya que escuetamente afirmó que no eran centralistas. Como es sabido, se puede ser partidario de una amplia autonomía administrativa, por ejemplo, convirtiendo los Gobiernos autonómicos en unas Diputaciones Regionales con amplios poderes administrativos combinándolo con unos entes locales reforzados sin ser centralista. Los países nórdicos son un ejemplo de homogeneidad legislativa y autonomía administrativa y no son centralistas. Un modelo teórico de simple autonomía administrativa es tan defendible como otros modelos, pero no se debe ocultar al público que esa apuesta es una enmienda a la totalidad al modelo de la Constitución de 1978.

¿Y esto cómo afecta a Navarra? Entiendo que una apuesta por un marco legislativo homogéneo implica la desaparición de toda especificidad derivada de la incorporación del Reino de Navarra al Estado-Nación español. Si lo que se busca una igualdad legislativa (lo que coherentemente implica que las Cortes Generales concentren la capacidad legislativa) no tiene ningún sentido que un pequeño territorio disponga de peculiaridades. Tampoco tiene sentido dentro de ese esquema que un territorio disponga de autonomía tributaria, pues se trata de uno de los poderes más relevantes del Estado y uno de los instrumentos más poderosos para hacer política y se apuesta por la igualdad exige que resida en una sola mano. Como resumen diría que en esas ideas lo que subyace es un paso más en la conversión de Navarra en un territorio más del Estado Nación, terminando lo que los gobiernos liberales del siglo XIX no pudieron o no quisieron hacer, recluyendo la existencia del antiguo Reino de Navarra a los libros de historia.

 

José V. Alegría

Ldo. en Derecho. Fuerista en peligro de extinción

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